
Por: Eduard Augusto Arias León
Octubre 09 de 2025
Colombia enfrenta una paradoja laboral. Pese a décadas de reformas, leyes y programas diseñados para dinamizar el empleo, el país sigue atrapado en un ciclo de informalidad persistente, desempleo estructural y baja calidad del trabajo. La Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2003, la Ley 1636 de 2013 o la más reciente Ley 2466 de 2025, han introducido cambios importantes en la legislación laboral. Sin embargo, todas han compartido una característica: su enfoque fragmentado. Ninguna ha logrado articular una visión de largo plazo que convierta el empleo en el eje del desarrollo social y económico del país.
Hoy, Colombia no cuenta con una política pública integral de empleo. La Misión de Empleo de 2021, aunque valiosa en su diagnóstico, no se tradujo en una agenda de implementación. En consecuencia, los problemas estructurales persisten: desempleo juvenil elevado, brechas de género, informalidad del 57 %, baja productividad y exclusión de poblaciones históricamente discriminadas.
El reto, por tanto, no es una nueva reforma laboral aislada, sino una política pública de empleo que construya trayectorias laborales dignas, continuas y sostenibles. Este enfoque de “trayectorias” —desde la formación hasta la protección en el desempleo— ofrece una hoja de ruta clara para superar la fragmentación institucional y abordar integralmente los desafíos del mercado laboral colombiano.
La mayoría de las personas en Colombia transita por trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad: empleos temporales, brechas de desempleo, informalidad o períodos prolongados fuera del mercado laboral. Estas trayectorias discontinuas reducen el bienestar presente (menores ingresos, exclusión social) y el bienestar futuro (bajo ahorro, escasa protección en la vejez).
Para revertir esta situación, el primer paso es comprender el empleo como un proceso con cuatro fases interdependientes: formación posmedia, búsqueda de empleo, empleo activo y desempleo. Cada fase demanda respuestas diferenciadas de política pública y coordinación entre sectores. No basta con crear más empleos: se necesita fortalecer cada eslabón de la trayectoria laboral para que las personas puedan acceder, mantenerse y progresar hacia un trabajo digno.

La primera fase de toda trayectoria laboral es la educación posmedia, que en Colombia incluye la educación superior, la formación técnica y tecnológica, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), la Formación para el Trabajo (FPT) del SENA, el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) y la formación informal.
El desafío principal radica en la desconexión entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Muchos egresados no logran insertarse en empleos acordes con su perfil o terminan en la informalidad. Por eso, la pertinencia educativa se convierte en la base de cualquier política de empleo sostenible.
Entre las medidas que se deben adelantar, se destacan:
En materia de calidad, se deben armonizar los sistemas de aseguramiento de la ETDH, la FPT y el RAP, depurar la oferta de baja calidad y crear incentivos para las instituciones que logren altos niveles de empleabilidad.
Finalmente, para mejorar el acceso y permanencia, es importante la creación de un Programa Nacional de Orientación Vocacional y Ocupacional, la ampliación de apoyos financieros desde el FOSFEC y mayor acompañamiento psicosocial con enfoque de ciclo de vida y territorial. Un elemento innovador debe ser la expansión del Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), que permitiría validar saberes adquiridos en el trabajo o la vida cotidiana, una herramienta vital para formalizar la experiencia de millones de trabajadores informales, migrantes o mujeres cuidadoras.
Encontrar empleo en Colombia sigue siendo un proceso difícil, especialmente para mujeres, jóvenes y personas mayores de 40 años. Según la GEIH (2024), el tiempo promedio para conseguir trabajo es de cuatro meses, pero puede duplicarse en algunos grupos.
El Servicio Público de Empleo (SPE), creado en 2013, nació para conectar oferta y demanda de trabajo, pero su efectividad sigue siendo baja. La mayoría de las vacantes aún se gestionan por canales informales y no hay un seguimiento efectivo a las trayectorias laborales de los usuarios. Por eso, es necesario modernizarlo y hacerlo más inclusivo, mediante acciones como:
Además, se propone una Estrategia Nacional para el Desarrollo de Competencias Socioemocionales, que fortalezca habilidades como liderazgo, comunicación, empatía y resiliencia. Estas competencias, cada vez más valoradas por las empresas, deben desarrollarse desde la escuela hasta la vida laboral, con metodologías activas y enfoque diferencial.
El empleo es el centro de toda política de desarrollo. No solo proporciona ingresos, sino que construye ciudadanía y cohesión social. Sin embargo, el 57 % de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad, lo que limita el acceso a derechos y a la protección social. Superar esta situación exige una estrategia integral con tres componentes clave:
La formalización no puede basarse en la sanción, sino en el acompañamiento y la flexibilización progresiva. Entre las medidas clave:
Formalizar debe ser percibido como una oportunidad, no como una carga burocrática.
El acceso al primer empleo formal sigue siendo una barrera crítica para muchas personas. Por eso, es importante crear un Programa Nacional de Primer Empleo (PNPE), con incentivos para empresas que contraten personas sin experiencia laboral, prácticas laborales de calidad y seguimiento a las trayectorias de los beneficiarios. El PNPE debe integrarse con programas como Estado Joven, fortalecer su cobertura y generar evidencia sobre su impacto en la inserción laboral y los ingresos.
La política pública de empleo debe incorporar un Programa de Empleo Temporal (PET) que actúe como puente hacia el empleo formal y no como una simple medida asistencial. El PET debe vincularse a proyectos de valor público —sociales, ambientales o comunitarios— e incorporar una ruta de empleabilidad para sus participantes, que incluya procesos de formación, acompañamiento y conexión con oportunidades laborales sostenibles. De esta manera, se garantizaría que las personas beneficiarias no solo reciban ingresos temporales, sino que también adquieran competencias y experiencias que fortalezcan su inserción en el mercado laboral formal.
El aprendizaje no termina al conseguir trabajo. La formación continua debe ser parte del sistema laboral. Se propone crear incentivos fiscales para empresas que capaciten a su personal, fondos concursables para pymes y reconocimiento de la formación interna dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones. Las Mesas Sectoriales deben ser espacios permanentes de diálogo para anticipar las nuevas competencias demandadas por la transición digital y energética.
El actual Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) cubre solo a una fracción minoritaria de la fuerza laboral. La mayoría —trabajadores informales o por cuenta propia— carece de cualquier red de seguridad. Por ello, se propone avanzar hacia un seguro de desempleo contributivo, solidario y contracíclico, que integre los recursos de las cesantías, amplíe la cobertura más allá del tipo de contrato y vincule el acceso a la participación en programas de empleabilidad y formación.
Este modelo permitirá una respuesta más equitativa y estable frente a los ciclos económicos, fortaleciendo la articulación entre las políticas activas (empleo, formación) y las pasivas (protección de ingresos).
Una política de empleo moderna no puede ser sectorial ni homogénea. Debe integrar dimensiones transversales que respondan a la diversidad del país:
Estos enfoques garantizan que la política de empleo no solo cree puestos de trabajo, sino que transforme estructuras de desigualdad y promueva la cohesión social.
El diagnóstico está claro y las herramientas existen. Lo que falta es una política pública de empleo con visión sistémica, sostenibilidad y gobernanza articulada.
Colombia no puede seguir dependiendo de reformas laborales parciales o programas de corto plazo. Se requiere una hoja de ruta que consolide trayectorias laborales continuas, con una institucionalidad robusta y una participación activa del sector productivo, las agencias de empleo y los gobiernos territoriales.
El empleo digno no se decreta: se construye. Se construye en las aulas donde se forma el talento, en las agencias que acompañan a los buscadores, en las empresas que apuestan por la capacitación, y en los Estados que protegen a sus ciudadanos incluso en la pérdida del trabajo.
Una política pública de empleo integral es, en últimas, una política de desarrollo humano. Y es hora de que Colombia la asuma como tal.
NOTA:
[1] Esta entrada de blog es una síntesis del documento de trabajo “Ruta para una política pública de empleo: más allá de una reforma laboral”, elaborado por el autor en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo sobre políticas públicas de empleo e inclusión laboral.
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Mensaje final muy poderoso!!
Excelente nota técnica, muy valiosas las recomendaciones para el nuevo gobierno
Podemos conocer el informe completo de esta entrada?